Una delegación de Proyecto Hombre se reúne con la responsable del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos

Teniendo en cuenta la evidencia existente sobre una prevención efectiva y costo-efectiva, instamos a los países a lograr un consenso nacional para 2030, comprometiéndose a asignar a la prevención, y sostener en el tiempo, al menos una cuarta parte del presupuesto total de las políticas dirigidas a la reducción de la demanda de drogas. Además, reiteramos que las políticas deben equilibrar proporcionalmente las medidas de la reducción de la demanda y de la oferta de drogas, garantizando al mismo tiempo la salud pública y la seguridad de todas las personas y salvaguardando sus derechos humanos.

La prevención debe iniciarse lo más temprano posible y considerar los períodos que van desde el embarazo, el periodo neonatal, la infancia y la adolescencia, identificando áreas prioritarias de intervención familiar, escolar y comunitaria, y continuar en la edad adulta. La prevención efectiva se centra en fortalecer los factores protectores y empoderar a las personas a lo largo de sus vidas a nivel personal, emocional y social.

La prevención es una ciencia, y como tal, la formulación e implementación de políticas de prevención deben incorporar intervenciones basadas en la evidencia, el monitoreo y mecanismos de evaluación sistemáticos guiados por estándares internacionales en estrecha colaboración con el mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil. Este enfoque es esencial para evitar políticas sobre drogas basadas en percepciones y creencias erróneas. Además, invertir en la transferencia de la investigación es de gran importancia para garantizar la implementación de una prevención efectiva en diferentes contextos sociales, económicos, políticos y culturales.

Al centrarse en la persona en lugar de las drogas, las intervenciones preventivas tienen en consideración las vulnerabilidades a nivel individual y el potencial efecto protector de las estructuras sociales y del marco legislativo que rodean a la persona. Este enfoque posibilita no sólo prevenir el consumo de drogas ilícitas, sino de todas las drogas en general, incluyendo el tabaco, el alcohol, el cannabis, los psicofármacos bajo prescripción y las nuevas sustancias sintéticas que presentan una alta prevalencia. Esto también abarcaría la prevención de las adicciones no relacionadas con sustancias, como la ludopatía o los trastornos relacionados con los videojuegos.

El impacto del consumo de drogas no es equitativo y depende en gran medida de determinantes sociales de la salud que están influenciados por varios factores, incluidas las identidades relacionadas con el género, el origen étnico, la edad, la orientación sexual y el lugar de residencia, entre otras. Por lo tanto, las estrategias de prevención deben incorporar un enfoque holístico e interseccional que aborde las diferentes vulnerabilidades para permitir el establecimiento de políticas más equitativas y justas. Desde los servicios de prevención se deben hacer todos los esfuerzos posibles para cubrir y priorizar a los grupos más excluidos y estigmatizados como los menores no acompañados, las personas sin hogar, las personas con problemas de salud mental, las poblaciones migrantes y desplazadas, los pueblos indígenas y otros. Esto requiere una respuesta adaptada a las necesidades específicas de cada individuo en cada contexto

Los sistemas de prevención deben reunir diversas medidas y esfuerzos coordinados de múltiples sectores gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios para brindar servicios, a mayor escala, a niños, niñas y jóvenes, y en diferentes edades de desarrollo. Los países deberían beneficiarse de los servicios de prevención disponibles a nivel nacional y local y alinearlos con los estándares científicos internacionales. Por ello, se debe invertir más en replicar modelos de prevención que hayan probado su eficacia y rentabilidad a nivel internacional.

En consonancia con un enfoque de salud pública, los países deben ofrecer una prevención del consumo de drogas que sea accesible y asequible para todas las personas, global y localmente, y que esté interconectada, desde una atención continua, con la promoción de la salud, la detección e intervención tempranas, la reducción de daños, el tratamiento de adicciones, la rehabilitación y la integración social.

En los países de renta baja y media, y en las regiones que atraviesan crisis humanitarias, es posible que falten infraestructuras básicas de atención social y sanitaria. En estos contextos, invertir en prevención debería ser una prioridad. Alentamos para la construcción de firmes alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado, así como el intercambio de experiencias en prevención desde un enfoque de Acción Sin Daño que contempla la contextualización y adaptación local de las intervenciones. También solicitamos implementar iniciativas para empoderar a las familias, otras personas cuidadores y líderes juveniles y comunitarios.

Reconociendo el papel clave de los y las profesionales en la implementación de una prevención eficaz, instamos a la comunidad educativa a incorporar la ciencia de la prevención de conductas de riesgo en los planes de estudio troncales y obligatorios en la enseñanza de las ciencias de la salud, la educación y sociales. También destacamos la necesidad de contar con procesos de certificación y de formación continua de los y las profesionales de la prevención a lo largo de su carrera laboral y garantizar condiciones de apoyo para evitar el burn-out.

Invitamos a los países, la Comisión de Estupefacientes, la UNODC, la OMS y organizaciones relacionadas a evaluar adecuadamente la cobertura, pertinencia, implementación, inversión y efectividad de las políticas de prevención de drogodependencias en sus jurisdicciones mediante sistemas permanentes de monitorización y de recogida y análisis de datos a través de informes internacionales, regionales, nacionales y locales o evaluaciones ad hoc, en sólida colaboración con la sociedad civil.