Incapacidad permanente y ajustes razonables. Nuevo enfoque preventivo Incapacidad permanente y ajustes razonables. Nuevo enfoque preventivo

Incapacidad permanente y ajustes razonables. Nuevo enfoque preventivo

Autor: Asociación Proyecto Hombre 05/11/2026     

En el ámbito de la rehabilitación y la reinserción sociolaboral de personas con problemas de adicción, el empleo constituye un elemento vertebrador del proceso de recuperación: proporciona estabilidad, estructura y autonomía a quienes se encuentran en dicho proceso. No obstante, las personas que atraviesan o han atravesado situaciones de adicción pueden experimentar limitaciones funcionales que, en algunos casos, pueden llegar a ser definitivas o permanentes y que inciden en su capacidad laboral. Hasta la entrada en vigor de la reforma que aquí se analiza, la declaración de incapacidad permanente bien fuera total, absoluta o gran invalidez, comportaba, de forma automática, la extinción de la relación laboral.

Sin embargo, la Ley 2/2025, de 29 de abril, ha introducido una modificación sustancial en este régimen. Publicada en el BOE de 30 de abril y en vigor desde el 1 de mayo de 2025, la norma suprime la extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente en cualquier grado e impone a las empresas la obligación de explorar los llamados ajustes razonables y alternativas de reubicación con carácter previo a cualquier decisión extintiva, si así es de interés por parte del trabajador afectado. Para las personas atendidas por la Asociación Proyecto Hombre, esta reforma reviste especial trascendencia: el ordenamiento jurídico reconoce que la salud es un proceso dinámico y las limitaciones funcionales no deben traducirse necesariamente en la exclusión del mercado laboral.

El cambio de paradigma: la Ley 2/2025

Durante décadas, el artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores configuraba la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez como causa automática de extinción del contrato. El marco normativo anterior no contemplaba margen alguno para la valoración de alternativas: la resolución administrativa que reconocía la incapacidad determinaba, por sí sola, la finalización de la relación laboral.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024 (asunto C-631/22, caso Ca Na Negreta) declaró que esta regulación era contraria a la Directiva 2000/78/CE de igualdad de trato en el empleo. El Tribunal europeo entendió que extinguir automáticamente el contrato por incapacidad, sin valorar previamente la posibilidad de adaptación del puesto, constituía una discriminación por razón de discapacidad.

Como respuesta, la Ley 2/2025 ha derogado la antigua letra e) del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores introduciendo una nueva letra n), cuyo texto establece que la extinción solo procederá «cuando no sea posible realizar los ajustes razonables o el cambio a un puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación de la persona trabajadora, por constituir una carga excesiva para la empresa». De este modo, la reforma se alinea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuerpo jurídico imperativo en España en virtud de lo establecido en los artículos 10.2 y 96 de la Constitución Española, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

El enfoque preventivo como eje vertebrador de la reforma
El aspecto de mayor calado de esta reforma reside en el refuerzo del enfoque preventivo. El legislador ha optado por un modelo en el que la conservación del puesto de trabajo es el principio rector, quedando la extinción del contrato reservada como último recurso, solo cuando todas las vías de adaptación hayan sido agotadas sin resultado.
En términos prácticos, el procedimiento que articula la nueva regulación podría dividirse en varias fases sucesivas. Cuando el trabajador recibe la resolución administrativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social que le reconoce una incapacidad permanente —total, absoluta o gran incapacidad—, dispone de un plazo de diez (10) días naturales desde su notificación para comunicar a la empresa su voluntad de permanecer en el puesto de trabajo. Esta manifestación de voluntad es un requisito esencial: si el trabajador no la ejerce dentro del plazo, la empresa podrá proceder a la extinción del contrato conforme al artículo 49.1.n) del Estatuto de los Trabajadores.

Recibida dicha comunicación, la empresa debe iniciar sin dilación el proceso de evaluación de ajustes razonables. A tal fin, la Ley 2/2025 refuerza el papel de los servicios de prevención en todo este proceso. Son estos servicios quienes deben realizar el reconocimiento médico al trabajador, evaluar los riesgos del puesto, determinar qué ajustes son necesarios —incluyendo formación, información y vigilancia de la salud— e identificar puestos compatibles de acuerdo con sus limitaciones, proponiendo las adaptaciones necesarias o incluso la recolocación en otro puesto vacante. La consulta a los delegados de prevención y a la representación legal de los trabajadores es también obligatoria.
La empresa dispone de un plazo máximo de tres (3) meses, ampliable justificadamente por otros tres, para completar esta evaluación. Durante este período, el contrato de trabajo queda suspendido y el trabajador percibe la prestación por incapacidad permanente que le corresponda.

El concepto de ajuste razonable que utiliza la norma es deliberadamente abierto y flexible. La Ley no establece un catálogo cerrado, sino que apunta a cualquier modificación o adaptación que permita a la persona trabajadora continuar desempeñando su actividad o una actividad compatible. Entre las medidas posibles que cabrían valorarse: la adaptación de la jornada, el horario o los turnos; ajustes ergonómicos del puesto; la eliminación de determinadas funciones; la implantación de teletrabajo; la formación para nuevas tareas; y la reubicación en un puesto vacante y disponible.

Para las personas en procesos de recuperación de adicciones, algunos de estos ajustes resultan especialmente pertinentes: la flexibilidad horaria para compatibilizar tratamientos terapéuticos, la reducción de turnos nocturnos en caso de medicación, o la reubicación en puestos que no impliquen exposición a factores de riesgo de recaída pueden ser cuestiones clave a considerar.

Solo cuando la empresa acredite que ningún ajuste razonable ni reubicación resulta viable —por constituir una carga excesiva— podrá extinguir el contrato, debiendo comunicarlo de forma motivada al trabajador. Si, por el contrario, los ajustes son posibles o existe un puesto vacante disponible, la empresa procederá a la reincorporación efectiva en las condiciones adaptadas.

A los efectos de identificar cuándo se entenderá que un ajuste supone una carga excesiva, la propia ley establece dos regímenes diferenciados: para empresas de 25 o más trabajadores, se valorará el tamaño, los recursos económicos, la situación económica y el volumen de negocio; para empresas de menos de 25 trabajadores, se considerará carga excesiva cuando el coste supere la mayor cuantía entre la indemnización por despido improcedente o seis meses de salario. En ningún caso se considerará carga excesiva cuando el coste pueda ser paliado por ayudas o subvenciones públicas.

En todo caso, el trabajador podrá impugnar judicialmente la decisión extintiva si la considera injustificada, pudiendo ser declarada nula por discriminatoria cuando no se haya respetado el procedimiento legalmente establecido.

Conclusiones

En conclusión, la reforma operada por la Ley 2/2025 constituye un avance significativo en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad y, por extensión, de quienes experimentan limitaciones funcionales en el curso de procesos de recuperación de adicciones. Al configurar la conservación del empleo como regla y la extinción como excepción, la reforma resulta coherente con los principios que inspiran la labor de Proyecto Hombre: la convicción de que la recuperación es posible y de que la sociedad debe articular los mecanismos necesarios para sostenerla.

Para los equipos multidisciplinares de Proyecto Hombre —psicólogos, trabajadores sociales, educadores y profesionales sanitarios—, la reforma comporta implicaciones prácticas directas. El conocimiento de este régimen jurídico resulta imprescindible para orientar adecuadamente a las personas atendidas: informándoles del plazo y la forma para manifestar su voluntad de permanencia, asesorándoles sobre los ajustes susceptibles de ser solicitados y acompañándolos durante todo el procedimiento.

No obstante, quedan retos importantes. La Disposición Final Tercera de la ley prevé que el Gobierno presente en seis meses una propuesta de reforma sobre la compatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente y el trabajo. Actualmente, la pensión se suspende mientras el trabajador presta servicios con ajustes, lo que puede actuar como desincentivo para la reincorporación. Queda pendiente también el desarrollo reglamentario y la articulación de políticas de subvenciones que faciliten las adaptaciones, especialmente en las pequeñas empresas.

Entretanto, los profesionales que acompañan a personas en procesos de recuperación disponen de un nuevo instrumento normativo cuyo conocimiento, difusión y aplicación práctica puede contribuir decisivamente a la efectividad del derecho a la reinserción sociolaboral.

Revista Proyecto 121 [noviembre 2026]

Proyecto Hombre
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