PNsD: La ciencia de la prevención
Las políticas sobre drogas deben de promover la salud pública, no sólo mejorar la salud de los individuos. Una comprehensiva aproximación a la política de drogas debe implementar medidas basadas en la evidencia en cada nivel de intervención. The Lancet Drug Policy and the public good: evidence for effective interventions, 2012
La prevención de las adicciones contribuye a poner las bases del “capital de salud”. Como tal, persigue reducir las conductas problemáticas relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas y de otras adicciones comportamentales, mediante la promoción de la salud, el bienestar y la autonomía de las personas.
En los últimos 30 años la prevención se ha establecido como una disciplina científica diseñada para reducir y prevenir problemas de conducta. Así, estudios longitudinales han identificado factores de riesgo y de protección para la mayoría de estos problemas conductuales. Este conocimiento ha dado lugar al diseño de políticas y programas que han demostrado ser eficaces y efectivos[1]. En este sentido, el marco conceptual de las políticas preventivas se encuadra dentro de la Promoción de la Salud y la Salud Pública, incluyendo la reducción de riesgos y el aprendizaje social.
Las intervenciones mal diseñadas pueden llevar a crear o agravar la vulnerabilidad de ciertos grupos de la población. De hecho, si los grupos vulnerables no se identifican adecuadamente, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades en salud[2]. De ahí la importancia de otorgar un papel destacado a la prevención en las etapas iniciales de la vida, a la detección temprana de problemas y a la intervención precoz.
Una de las principales líneas estratégicas para desarrollar el máximo potencial de salud es orientar las políticas de prevención hacia la equidad. Las condiciones que rodean los primeros años de vida son clave, ya que la mayoría de problemas de salud infantil siguen un patrón de gradiente social: más enfermedad a menor nivel educativo y de ingresos.
Una de las principales líneas estratégicas para desarrollar el máximo potencial de salud es orientar las políticas de prevención hacia la equidad.
De hecho, en todas las Estrategias sobre Drogas y otras Adicciones el eje fundamental se centra en la prevención, en la promoción de una mayor conciencia social frente al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas problema. Ciertamente, las intervenciones no se focalizan en un sólo problema, porque existe una concurrencia de factores o de problemas conductuales que a menudo están relacionados: obesidad, violencia, salud mental, uso de sustancias adictivas, accidentes de tráfico, maternidad prematura, absentismo y fracaso escolar…
En este sentido, la idea de insertar la salud en todas las políticas para la prevención tiene como elementos centrales el abordaje de los determinantes sociales de la salud y la acción intersectorial. La justicia social en prevención es un imperativo ético.
Por ello, debemos seguir en la línea de promover programas no sólo dirigidos a la persona, a la mejora de la inteligencia emocional, la autoestima y las habilidades de autocontrol y de resolución de problemas en las relaciones interpersonales; sino que también debemos desarrollar actuaciones encuadradas en la comunidad, en programas transversales de promoción de la salud y de igualdad social, proporcionando cuotas crecientes de compromiso con la sociedad civil.
Además, estos programas tienen que sustentarse en los estándares de efectividad/eficiencia. Existe evidencia de la efectividad obtenida en los contextos socio-culturales donde se aplican medidas de regulación: del mercado (precio, accesibilidad, disponibilidad y control de las estrategias de promoción); de los contextos de uso (regulación en lugares públicos, políticas normativas en los centros educativos y de ocio) y de programas de promoción y capacitación (refuerzo democrático, empoderamiento comunitario, habilidades parentales de gestión familiar, capacitación de padres, programas de habilidades para la vida en el medio educativo, y actuaciones de reducción de riesgos en zonas de ocio donde se produce el consumo). A pesar de la probada efectividad y eficiencia de estas medidas, existe una sensible discrepancia entre la evidencia de efectividad disponible y el alcance actual de su adopción.
El hecho es que persisten actividades preventivas en nuestro país que no se basan en criterios científicos y, que por tanto es improbable que tengan resultados positivos, o incluso podrían tener efectos negativos. Aunque queda mucho por investigar tanto en lo relativo a los contenidos de los programas como en lo que se refiere a las condiciones en que deben aplicarse, no debe existir ninguna duda desde un punto de vista científico, profesional, ético y económico que sólo se deben implantar programas o políticas con base experimental. Dado el estado actual de conocimiento sobre la prevención científica, parece razonable que sólo se financien con dinero público actuaciones o políticas que hayan demostrado su efectividad/eficiencia para ser desarrollados en las condiciones pertinentes.
La prevención basada en la evidencia es un tema prioritario en la agenda política. Las estrategias que alteran las normas y los ambientes físicos, sociales y económicos deben constituir una prioridad para garantizar la promoción de la salud: son lo que suele llamarse prevención ambiental. A nivel macro en forma de políticas de control del alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas. A nivel micro mejorando el clima social en los centros educativos, la seguridad en los centros de ocio, etc.
En España, con décadas de gobiernos no democráticos hasta hace relativamente poco en perspectiva histórica, las políticas normativas se perciben por algunos como imposiciones, incluso se definen como políticas paternalistas o poco éticas. No obstante, hay que tener en cuenta que las normas aprobadas en el proceso democrático se orientan a proteger a la sociedad contra problemas creados por la codicia y el afán de lucro de grupos de interés. Particularmente, hay que tener en cuenta que los menores presentan una mayor vulnerabilidad biológica y social. La conducta de los adolescentes está muy influenciada por las normas informales y la presión de grupo, la presencia de sus iguales es poderosa. En este caso, el mensaje de ‘moderación’ impulsado por algunos grupos puede verse como cínico, ya que agranda las inequidades. Sólo las personas con más recursos y apoyo se benefician de estrategias informativas “reduce…consigue moderación…”. En las personas con menos recursos sociales, económicos, cognitivos y educativos, las opciones de elección personal son ínfimas y se produce una mayor exposición al marketing. La prevención ambiental derivada de la regulación limita los intereses de algunas industrias y libera de presiones externas a la ciudadanía.
Tenerlo presente comporta un cambio de perspectiva, pasando de los modelos que únicamente responsabilizan a las personas de sus hábitos de vida a modelos de determinantes sociales que amplían el foco a ámbitos extra sanitarios, en un marco favorable para las estrategias de prevención ambiental. De hecho, sin estas condiciones la prevención selectiva y universal se quedaría aislada, tiene que existir un soporte de normativa cultural.
En síntesis, la prevención es pieza clave en la construcción de generaciones más sanas, y en la creación de un futuro con mayor salud y bienestar para todas las personas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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[1] Catalano RF, Fagan AA, Gavin LE, Greenberg MT, Irwin CE Jr, Ross DA, Shek DT. Worldwide application of prevention science in adolescent health. Lancet. 2012 Apr 28;379(9826):1653-64. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60238-4. Epub 2012 Apr 25. PMID: 22538180; PMCID: PMC4398056.
[2] The Lancet. Redefining vulnerability in the era of COVID-19. Lancet. 2020 Apr 4;395(10230):1089. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30757-1. PMID: 32247378; PMCID: PMC7270489.
