Salud mental, adicciones y absentismo laboral: un desafío creciente para las empresas y la sociedad
Autoría: Olga Merino Suarez. Directora de la Unidad de Negocio de Salud Mental en Avanta Salud.
La salud mental se ha consolidado como uno de los principales retos sociales, sanitarios y organizacionales de nuestro tiempo. El incremento sostenido del malestar psicológico, especialmente tras la pandemia, ha evidenciado la necesidad de abordajes más integrales que trasciendan lo clínico, incorporando dimensiones laborales, sociales y comunitarias. En este escenario, la estrecha relación entre salud mental, consumo de sustancias y condiciones de trabajo configura un fenómeno complejo y multifactorial que exige nuevas respuestas. Las organizaciones, como entornos clave de desarrollo personal y social, emergen como agentes estratégicos para la prevención, detección y promoción del bienestar.
La pandemia, el teletrabajo y todos los cambios que se han derivado del contexto actual, han generado en las empresas la necesidad de elaborar políticas de promoción y cuidado de la salud mental como valor a proteger y a preservar. Asimismo, la percepción del trabajo y su posicionamiento dentro de la escala de valores de la sociedad ha cambiado, reestructurándose y creando nuevas tendencias que han hecho despertar el interés de las organizaciones para adaptarse a las necesidades de las personas y promover su desarrollo y bienestar, suponiendo además un elemento diferencial que favorece la satisfacción, el compromiso y la fidelización.
Actualmente se estima que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida, y que los problemas de salud mental se establecerán como primera causa de discapacidad en el 2030. En nuestro país, 4 millones de personas sufren depresión y otro 15% añadido, cuadros de ansiedad o estrés, generando un importante impacto en la salud de la población y en la sostenibilidad del Sistema.
En el extremo más dramático, las cifras actuales nos alertan sobre una sociedad que enferma por momentos, habiendo registrado en el pasado año el mayor número de suicidios: un trágico promedio de 11 suicidios diarios y 2 intentos autolíticos cada hora en nuestro país.
En este contexto de incremento del malestar psicológico, resulta imprescindible incorporar el análisis de las conductas adictivas y el consumo de sustancias como fenómeno estrechamente vinculado a la salud mental, tanto desde una perspectiva clínica como epidemiológica. La evidencia científica muestra que existe una alta comorbilidad entre los trastornos mentales y los trastornos por uso de sustancias, estimándose que más de un tercio de las personas con un trastorno mental presentan simultáneamente un trastorno adictivo, cifra que se eleva hasta cerca del 50% en los trastornos mentales graves. Esta relación es bidireccional: el consumo puede actuar como factor precipitante o agravante del trastorno mental, mientras que el malestar psicológico favorece el uso de sustancias como estrategia de afrontamiento o automedicación.
En España, los datos recientes refuerzan esta preocupación. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA, 2024), el consumo de sustancias psicoactivas sigue siendo elevado y presenta patrones especialmente preocupantes en población joven y adulta. En particular, los hipnosedantes (benzodiacepinas) requieren una mención específica: en torno al 27,4% de la población los ha consumido alguna vez y un 12% lo ha hecho en el último año, evidenciando una tendencia creciente. Este fenómeno se alinea con la constatación de que España se sitúa entre los países con mayor consumo de benzodiacepinas a nivel internacional, constituyendo un problema relevante de salud pública por su potencial adictivo, desarrollo de tolerancia y riesgo de dependencia.
Si sobre estas cifras profundizamos incluyendo perspectiva de edad, podemos descubrir una nueva generación que hereda e incrementa en intensidad nuestra tendencia al alza de la patología mental, incidiendo de forma especialmente preocupante en la infancia y adolescencia. Cabe resaltar que, de forma preocupante, la salud mental infanto-juvenil se ha convertido en uno de los desafíos más determinantes para nuestro sistema de bienestar actual. No solo porque condiciona el presente de niños, niñas y adolescentes, sino porque modela de manera irreversible el futuro social, económico y comunitario. Cada dificultad no atendida a tiempo se amplifica; cada necesidad que no encuentra respuesta se convierte en un límite que marca trayectorias vitales y oportunidades.
La OMS indica que entre el 10% y el 20% de adolescentes experimentan problemas de salud mental y que la mitad de todos los trastornos comienzan antes de los 14 años. En España, los datos de la Encuesta Nacional de Salud muestran que el 13,2% de los niños de entre 4 y 14 años tiene riesgo de mala salud mental y el 15,6% de jóvenes de 15 a19 años experimenta problemas de salud mental frecuentes.
Desde la psicología clínica y de la salud, este escenario obliga a adoptar un enfoque integrador que considere las “patologías duales” como eje central de intervención. No abordar de forma simultánea la salud mental y las adicciones genera peores resultados clínicos, mayor cronificación y un incremento significativo del impacto funcional, social y laboral. En este sentido, la creciente medicalización del malestar —especialmente mediante psicofármacos con potencial adictivo— puede constituir, en ausencia de abordajes psicoterapéuticos adecuados, un factor de riesgo añadido en lugar de una solución estructural.
En definitiva, el aumento de los problemas de salud mental en nuestra sociedad no puede analizarse de forma aislada, sino que debe entenderse dentro de un continuo donde el malestar psicológico, el consumo de sustancias y las dificultades de afrontamiento configuran un mismo fenómeno complejo, que exige respuestas preventivas, clínicas y organizacionales coordinadas, especialmente en ámbitos como el laboral, educativo y comunitario.
Adicionalmente, en el ámbito laboral, los diferentes datos e indicadores han mostrado un crecimiento sostenido que supera ampliamente el de la mayoría de los países europeos, situando a España entre los Estados con mayores tasas de absentismo y mayor coste económico asociado de toda Europa. El fenómeno es multifactorial, afecta a todas las comunidades y sectores de actividad, y presenta particularidades que requieren un análisis riguroso para orientar decisiones de gestión, prevención y política pública.
Desde 2012 la evolución del absentismo en nuestro país ha sido notablemente creciente, con un comportamiento inversamente proporcional al desarrollo económico del país, la tasa de absentismo ha ido creciendo hasta situarse por encima del 7% del total de horas pactadas efectivas, donde el absentismo por causa de incapacidad temporal supone ya más del 5,5%.
Por otro lado, y complementariamente a esta elevada incidencia, la duración media de las bajas se mantiene alrededor de los 38–40 días, siendo el elemento más preocupante el rápido crecimiento de los procesos de baja de larga duración, aquellos que superan los 365 días, que se han visto incrementados en más de un 87% entre 2018 y 2023. Estos procesos representan el 2,4% de todas las bajas, pero acumulan el 34% de los días perdidos y por tanto, similar proporción de los costes empresariales y sociales.
En cuanto a la casuística de las principales bajas, los hallazgos fundamentales de los principales estudios destacan dos diagnósticos clave: algias (dolores musculoesqueléticos) y salud mental, como eje fundamental del cambio. Estos dos grupos diagnósticos, ambos de difícil objetivación clínica, son los grandes motores del incremento de la incapacidad Temporal.
Las bajas por salud mental son la segunda causa absentismo general y la primera en el segmento de franja de edad de menores de 30 años, siendo el diagnostico de mayor crecimiento (88%) en los últimos años. Las bajas por Trastornos Mentales y Comportamentales acumulan junto a las patologías musculoesqueléticas, casi el 60% de las jornadas perdidas.
En términos económicos, el coste total estimado del absentismo para la economía española en el año 2023 ya se cifró en 81.574 millones de euros, un 5,4% del PIB. El crecimiento desde 2018 (estimado en el 4% del PIB de ese año) es de 25.900 millones de euros en términos monetarios comparables a precios de 2023 (un 1,7% del PIB de 2023) (Ivie y Umivale Activa, 2025). En este sentido, otras visiones más globales, calculan que el impacto de coste total considerando los costes indirectos (horas no trabajadas, perdidas de productividad, sustituciones, etc.) puede elevarse hasta los 129.000 millones de euros (8,1% del PIB).
Sin duda, estos datos son solo un reflejo del enorme impacto que el sufrimiento y la enfermedad tienen para las personas que lo padecen, afectando indudablemente a su entorno, a las empresas y a la sociedad en general y la salud mental es un asunto pendiente capital. Por ello, el ámbito laboral, social y comunitario, son escenarios fundamentales de actuación coordinada para mejorar la salud y la sostenibilidad de nuestra población.