Voces Internacionales: La situación de personas que consumen drogas en Iberoamérica en el marco de la pandemia

19/08/2021     

Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD)

En Iberoamérica la pandemia ha puesto de manifiesto una serie de fragilidades en el sistema de atención a las personas que consumen drogas que requieren de la necesaria colaboración y participación de todos los actores sociales para ofrecer respuestas y soluciones. En la actual situación de emergencia sociosanitaria la sociedad civil del ámbito de las drogas y las adicciones está siendo un actor fundamental por el contacto, la atención directa y la observación de las necesidades de las personas y las comunidades. La RIOD, compuesta por 35 entidades socias, entre las que se encuentran 3 plataformas (FONGA, FLACT y UNAD), dispone de información de primera mano para señalar los principales problemas que afectan a las personas que consumen drogas en nuestra región de trabajo, así como para realizar recomendaciones de cara a los escenarios posteriores a la pandemia centradas en la defensa de los derechos de las personas.

La pandemia de la COVID-19 está afectando a la vida y el entorno social general, pero las personas que consumen drogas han sido especialmente golpeadas por los efectos sociales, sanitarios y psicológicos de la pandemia, con una serie de problemas específicos que van desde el acceso a las sustancias consumidas y a los servicios de atención, pasando por el efecto de los determinantes sociales en sus condiciones individuales, o bien a sus posibilidades de inclusión social, especialmente en lo referido a lo laboral y legal.

Trazar una panorámica global del impacto de la pandemia en la situación de las personas que consumen drogas en Iberoamérica es una tarea complicada y con riesgos, puesto que existen numerosos contextos sociales, muchos de ellos antagónicos, incluso en los propios países, y de medidas frente a la pandemia que han influido en los consumos. No obstante, durante 2020 la RIOD realizó un proceso de consulta a sus entidades socias sobre los impactos que la pandemia ha generado en las personas más vulnerables. Los resultados de esta consulta han sido presentados a diversos actores políticos iberoamericanos, y se han ido actualizando paulatinamente hasta fechas recientes.

Es importante recalcar que en algunos países la situación está lejos de normalizarse en lo que se refiere al aspecto médico de la pandemia, y que los confinamientos y las restricciones siguen siendo recurrentes. En este sentido, la problemática individual es inseparable de la situación social coyuntural, originada por la pandemia, y de la estructural, que ya indicaba serios problemas sociales que la pandemia ha agudizado, y que la postpandemia puede agravar todavía más si la sociedad civil no logra transmitir la importancia de desarrollar acciones preventivas, de reducción de daños y de atención a las personas que consumen.

Procedemos a exponer brevemente los principales resultados de la consulta realizada por RIOD a sus entidades socias (ver apartado de Referencias), centrándonos en los efectos que la pandemia está generando en las personas que consumen drogas.

La situación de las personas que consumen drogas en Iberoamérica. Algunos datos

Empezamos a tener un número considerable de estudios que señalan las principales tendencias en cuanto a los consumos, pero la mayoría se han realizado en Europa (EMCDDA, 2020) y en mucha menor medida en los países de América Latina y el Caribe. Con todo, la información que nos facilitan las entidades socias de la RIOD indica, sin lugar a duda, que las entidades están actuando en la primera línea de respuesta a la emergencia sociosanitaria allá donde las instituciones no están llegando, bien porque no habían llegado antes o bien por la enorme complejidad de gestión y de garantía de derechos que la pandemia está poniendo de manifiesto. Es importante señalar como caso más habitual la dificultad de acceso a los servicios públicos sobre adicciones y de salud mental en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, lo que ha implicado que las organizaciones de la sociedad civil, en el desarrollo de su compromiso, hayan sido las primeras en desplegar recursos técnicos, protocolos y nuevas prácticas. La mejor manera para señalar los impactos de la pandemia en las personas que consumen es vinculándolo a lo detectado por los servicios de atención en materia de adicciones. En la consulta interna realizada entre las entidades socias de la RIOD hemos podido detectar algunos elementos más concretos, que procedemos a señalar brevemente.

En una primera fase de la pandemia, que coincidió con las fases más restrictivas de movilidad, se reportó un aumento de las recaídas entre las personas en tratamiento, que cambiaron sus patrones de consumo a aquellas sustancias que estaban más disponibles, como el alcohol, el tabaco o los psicofármacos. Estos cambios en los consumos o la dificultad de acceder a las sustancias vienen asociados a la aparición de síndromes de abstinencia, y de afecciones en la salud mental (ansiedad, depresión). Son procesos que se mantienen en las actuales fases de incidencia de la pandemia. Por ello, como ya han señalado numerosos estudios (Socidrogalcohol, 2021), la pandemia pone en primera línea el tema de la salud mental, que debe abordarse ahora y en los escenarios postpandemia.

Sin duda, la dimensión social de los consumos se ha puesto de manifiesto desde el inicio de la pandemia. Se ha tenido que realizar una atención de choque en servicios de base comunitaria o de bajo umbral para hacer frente al aumento de situaciones de pobreza, hambre (ollas populares, trueque, entre otras) y vulnerabilidad (violencia de género, interrupción de las clases, etc.), sobre todo en América Latina y el Caribe. Muchos servicios han apoyado a la población usuaria para tramitar ayudas estatales (allí donde existen) y en la gestión de soluciones para comunidades especialmente vulnerables (alimentación, atención médica, techo, entre otras). La colaboración en y con la comunidad ha sido fundamental en muchos países para hacer frente a situaciones que las administraciones no han podido o no han querido atender.

En toda la tipología de servicios se ha tenido que limitar la atención presencial y se han tenido que reducir o postergar las admisiones, lo cual ha tenido efectos negativos en personas que querían iniciar el tratamiento o que estaban en situaciones delicadas en cuanto a la salud mental. Esto se ha traducido en un esfuerzo por aumentar las medidas de seguimiento y contención tanto en momentos de confinamiento estricto en los países iberoamericanos como en cuanto al manejo de las consecuencias del confinamiento y de la crisis sociosanitaria a nivel psicológico.

En servicios como las comunidades terapéuticas y residenciales se ha tenido que interrumpir los ingresos de nuevas personas (en un 80%, según nuestra consulta), además de desarrollar protocolos de visitas de familiares y referentes afectivos, puesto que su efecto benéfico en las personas que consumen es evidente; y al revés: los perjuicios del aislamiento han requerido especial atención. Para ello se han realizado diversas acciones, como intervenciones en grupos reducidos, actividades lúdicas, mantenimiento de dinámicas diarias, y en ciertos casos se ha posibilitado la opción de confinamiento domiciliario con seguimiento online, especialmente con personas que acababan de salir del tratamiento, para prevenir recaídas y mantener un seguimiento preventivo.

En otros servicios de carácter ambulatorio, como los centros de día o los centros de escucha, la interrupción de los servicios es intermitente, coincidiendo con los períodos de confinamiento más o menos severos, por lo que también se han tenido que virtualizar ciertas actividades asistenciales, de seguimiento y valoración de casos de las personas atendidas previamente o durante la pandemia, por medio del contacto telefónico o videoconferencias, sin dejar de atender a las personas en tratamiento, sus familias y entornos para asegurar la adherencia al tratamiento. Ante situaciones de estrés, ansiedad o recaídas se han realizado llamadas de seguimiento terapéutico (escucha y contención) y se han diseñado capacitaciones en línea sobre medidas de cuidado y autocuidado.

Los centros de escucha y de reducción de daños no han dejado de trabajar con habitantes de calle, para lo cual han desarrollado acciones preventivas del contagio de COVID-19 y el consumo de sustancias, prestando también asesoramiento individual. En casos como España o Argentina se ha logrado poner en marcha albergues o abrir servicios residenciales para personas sin hogar en los confinamientos más estrictos. En estos casos es todavía más claro que el consumo es un elemento más de su vulnerabilidad social, por lo que se han priorizado acciones de reducción de riesgos y daños.

La violencia de género se ha visto incrementada en esta etapa, tal y como lo indican algunos estudios (UNWOMEN, 2021) y como muchas de nuestras entidades han podido comprobar en sus intervenciones virtuales con las mujeres a las que han atendido tanto durante el confinamiento como después, ya sea por haberse visto obligadas a vivir junto a sus agresores o por una sobrecarga en la responsabilidad de los cuidados familiares, así como por la falta de oportunidades laborales y por la pérdida de redes de apoyo.

La situación es también muy complicada para las personas que consumen en prisión, ya que hay una dificultad de acceso a las sustancias, con el consiguiente aumento del estrés y de situaciones de tensión. Asimismo, debemos señalar que sigue existiendo cierto desconocimiento de la realidad del consumo entre menores durante la pandemia o de la convivencia con personas de su entorno con consumo activo. Tampoco disponemos de datos fiables sobre personas LGTBIQ, principalmente por las barreras de acceso a los servicios y al tratamiento, lo cual implica una infrarrepresentación también en los servicios de nuestra red.

Conclusiones y retos para la postpandemia

En síntesis, la emergencia social y el aumento de las vulnerabilidades ha afectado especialmente a las personas que consumen, con un impacto diferencial en razón a su posición de clase, al género y a la raza. En ningún caso las organizaciones de la sociedad civil tienen la función, la responsabilidad exclusiva ni la capacidad para asumir las responsabilidades en cuanto a la garantía de los derechos y la prestación de medidas que los garanticen. Nuestra respuesta ha sido rápida y lo más integral posible, pero no siempre se ha llegado a todos los colectivos y a las especificidades que presentan. De este modo, se han tenido que posponer muchas actividades, se han limitado las plazas, especialmente para las que ya había baja disponibilidad (por ejemplo, mujeres), o se ha tenido que postergar la atención a usuarias y usuarios habituales en tratamiento que tuvieran una mayor estructura social, familiar o personal, en favor de otras personas. Esto ha tenido un coste social y personal que se va a gravar en los próximos meses, a medida que la crisis sanitaria se estabilice, pero la social se agudice.

En una situación como la que estamos atravesando y ante un panorama social mucho más complicado demandamos programas específicos que favorezcan la integración sociolaboral de las personas que consumen, que prevengan tener que recurrir al acceso a redes de microtráfico para su supervivencia, con una base comunitaria, social y de proximidad, con enfoques diferenciales. Debe avanzarse hacia el diseño de estrategias y servicios específicos para mujeres y personas LGTBIQ, cuya accesibilidad, permanencia en los servicios y adherencia al tratamiento ha sido históricamente menor, y en los que pueda reflexionarse y tratarse su problemática específica.

También hay que impulsar más acciones e investigaciones levanten evidencias sobre la situación del consumo en niños, niñas y adolescentes. Respecto a las personas que consumen en centros penitenciarios, se recomienda adoptar medidas de atención integral a las adicciones dentro de los mismos centros penitenciarios, con especial atención a las mujeres que cumplen condenas por microtráfico. No queremos dejar de señalar la necesaria inversión en programas de prevención, que suelen verse relegados a un segundo plano ante la necesidad de asistencia, pero que demuestran su eficacia y eficiencia a la hora de resolver o anticipar situaciones de riesgo.

De todo lo anterior debemos concluir que la situación de vulnerabilidad y sufrimiento social que están viviendo estas personas se verá agudizada aún más en el escenario posterior a la pandemia. Desde la sociedad civil seguiremos desarrollando intervenciones que garanticen los derechos de las personas; sin embargo, necesitamos el reconocimiento como agentes sociales indispensables, lo cual pasa necesariamente por la conversión de los servicios de atención que desarrollamos en servicios esenciales, además de facilitar el acceso a la financiación para afrontar los retos sociales en la postpandemia.


Referencias:

  • RIOD (2020): Recomendaciones de la Sociedad Civil Organizada del Ámbito de Drogas de América Latina, Caribe y España Frente a la Crisis del Covid-19. Disponible en: https://riod.org/recomendaciones-riod-covid19/
  • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2021): COVID-19 and drugs. Disponible en: https://www.emcdda.europa.eu/topics/covid-19
  • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2020): European Drug Report. Trends and Developments. Disponible en: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf
  • Socidrogalcohol (2021): Encuesta nacional sobre la prevalencia y tratamiento de la concurrencia de trastorno por uso de sustancias y de otro trastorno mental. Disponible en: https://socidrogalcohol.org/wp-content/uploads/2021/04/EncuestaConcurrenciaTUSyOTM.pdf
  • UNWOMEN (2021): Report on the UN Women global response to COVID-19. Disponible en: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/02/report-on-the-un-women-global-response-to-covid-19