Voces Internacionales: Sobre drogas y poblaciones vulnerables en la pandemia

19/08/2021     

Fabián Chiosso

Presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT)

“Preparar la imaginación para los próximos escenarios me parece más bueno que malo.

 Pero algunos podrían argumentar: no hay necesidad de advertir que se acerca la tempestad si no sabes cómo podemos protegernos.

Ya veremos. Mientras tanto, escribo, luego decidiré qué hacer.”

Franco Berardi – “Crónicas de la Psicodeflación #9: Otro fin del mundo es posible”

La pregunta sobre qué hacer frente a la situación a la que nos enfrenta la pandemia es una de las más complejas que se nos ha planteado como civilización[1]. Como hemos aprendido durante los últimos 12 meses, las respuestas no son sencillas, no son lineales y no existe una experiencia previa cercana y similar de la cual extraer algún aprendizaje. Franco Berardi dice: “Por primera vez, la crisis no proviene de factores financieros y ni siquiera de factores estrictamente económicos, del juego de la oferta y la demanda. La crisis proviene del cuerpo.” (Berardi, Franco, 2020, P. 43)

El cuerpo, digo yo, entendido no como una entidad puramente biológica sino en su dimensión bio–psico-social, atravesado por los procesos vinculados a la salud pero también, y de manera indisoluble, por los procesos políticos, económico, psicológicos y culturales[2]. Es el marco para pensar el impacto del COVID-19 y de los problemas relacionados con las drogas en los grupos más vulnerados en sus derechos[3].

Algunos datos de contexto

Junto a los estragos que la pandemia ha causado en los sistemas de salud públicos y privados debemos considerar el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia a niveles exorbitantes en un lapso de tiempo extremadamente corto. Según cálculos de la Comisión Económica para américa Latina y el Caribe -CEPAL-

“El desempleo en América Latina aumentará del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020. Esto elevará el número de desempleados de la región a más de 44 millones de personas (…) En este contexto, se prevé que la tasa de pobreza aumente 7,0 puntos porcentuales en 2020 hasta el 37,3%, un incremento de 45 millones de personas (231 millones de personas en total), y que la extrema pobreza aumente 4,5 puntos porcentuales hasta el 15,5%, lo que representa un incremento de28 millones de personas (96 millones de personas en total).” (CEPAL, 2020)

Por su parte la UNICEF señala que:

“En el escenario más pesimista, la pandemia actual podría aumentar el número de niños que viven en hogares monetariamente pobres en más de 106 millones para finales de año (2020)”[4] y resalta que “los efectos nocivos de esta pandemia no se distribuirán por igual. Se espera que sean más perjudiciales para los niños de los países más pobres y de los barrios más pobres, y para los que se encuentran en situaciones ya desfavorecidas o vulnerables” (UNICEF, 2020)

En cuanto al tráfico de drogas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- indica que se vio perjudicado por el cierre de las rutas aéreas y de las fronteras internacionales en el marco de las restricciones que implementaron todos los países. Esto redujo en muchos de ellos la disponibilidad de sustancias y en algunos provocó cambios circunstanciales en las pautas de consumo que se dirigieron hacia el uso de sustancias más baratas, aunque de mayor riesgo.

Si bien en el corto plazo las restricciones impactan negativamente en la circulación, distribución y disponibilidad, en el mediano y largo plazo el aumento de la pobreza y del deterioro social puede favorecer al narcotráfico con mayor mano de obra disponible. (ONUDC, 2020)

Deberíamos sumar estas breves referencias a los datos brindados por organismos internacionales los fuertes cambios que se han desplegado en el campo de las relaciones interpersonales en relación a las pautas de cuidado personal y comunitario, y a la relación de los ciudadanos con la salud y los sistemas de salud.

El distanciamiento social, el uso de barbijo, la atención por turnos, las nuevas conductas relacionadas con los ámbitos de esparcimiento, laborales y educativos; la ruptura de rituales familiares como las fiestas de Navidad y fin de año, la celebración de cumpleaños y otras fechas significativas, y las tensiones de orden social y político que estas nuevas pautas generan, además irrumpir con fuerza en la vida cotidiana, tienen como elemento subyacente y conflictivo una discusión filosófica e ideológica entre un enfoque estrictamente individualista que supone la primacía en última instancia de la supervivencia individual, y otro de tipo comunitario que apuesta a una respuesta sustentada en la solidaridad.

Cada uno de estos elementos gravitará de diversas maneras en el futuro inmediato y especialmente en el destino de los grupos que presentan mayores vulnerabilidades y por ello mayor exposición a situaciones de riesgo como el consumo de sustancias.

Acceso a la salud, drogas y COVID-19

Los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad históricamente han quedado marginados del acceso a los sistemas de salud mental y adicciones en la mayoría de los países de América Latina (CICAD/OEA, 2013). Las organizaciones de la sociedad civil son quienes han generados programas y estrategias que paulatinamente fueron mejorando las posibilidades de acceso para estas poblaciones. Y si bien en los últimos años estas respuestas han crecido en calidad y se han diversificado, aún queda mucho por hacer.

No solo se logró garantizar la continuidad de la atención integral, sino que se desarrollaron protocolos, herramientas y estrategias de trabajo que fueron la base del sustento para afrontar las complejidades que la pandemia fue planteando hacia adelante, hasta llegar a este momento.

En muchos países de nuestra América Latina los niños, niñas y adolescentes marginalizados, las mujeres que consumen sustancias (más aún si están embarazadas), los habitantes de calle, los miembros del colectivo LGTB, ente otros, sufren enormes dificultades para ser incluidos en los sistemas de salud mental y adicciones. La pandemia hizo aún más crítico este panorama y colaboró en precarizar la situación de muchas otras personas. Como veremos, este es uno de los puntos cruciales en los que se juega el destino de muchas de estas personas en el futuro próximo.

A mediados de 2020, cuando arreciaba lo que podemos señalar como la primera etapa de la pandemia, varias organizaciones de la sociedad civil realizamos relevamientos para contar con información adecuada sobre el impacto de la pandemia en ese momento[5]. Se detectaron, entre otras cosas, cambios en las pautas de consumo debido a la escases de sustancias (aumento del consumo de sustancias legales como el alcohol y psicofármacos debido a su mayor accesibilidad en detrimento de las sustancias consideradas ilegales, muy difíciles de conseguir), cuadros de ansiedad y angustia vinculadas con la abstinencia, y aumento de riesgo de sobredosis para el consumo de opiáceos (RIOD, 2020).  En la mayoría de los países considerados en los relevamientos se señalaba también el impacto severo de las medidas de aislamiento en la salud mental de individuos y familias, así como el aumento de la violencia de género y de los femicidios, en muchos casos vinculados a situaciones de consumo de sustancias.

Pero lo más significativo en relación al presente trabajo es el impacto negativo en los niños, niñas y adolescentes que consumen sustancias[6], las dificultades para alojar habitantes de calle en situación de consumo en instalaciones adecuadas para cumplir con las restricciones a la circulación y la permanencia en la calle[7]. La población carcelaria también padeció situaciones difíciles ya que simultáneamente se dificultó severamente el acceso a sustancias y se restringió al mínimo todo tipo de intervención sociosanitaria, lo cual generó mayor estrés, mayor tensión y un aumento de las situaciones de violencia entre internos y violencia institucional.

Todas y cada una de estas situaciones -de las cuales hicimos un muy breve resumen- fueron trabajadas y contenidas por las organizaciones de la sociedad civil que lograron, en tiempo récord y sin recursos extras, desarrollar una muy exitosa respuesta tanto institucional, como técnica, profesional y humana.[8] No solo se logró garantizar la continuidad de la atención integral, sino que se desarrollaron protocolos, herramientas y estrategias de trabajo que fueron la base del sustento para afrontar las complejidades que la pandemia fue planteando hacia adelante, hasta llegar a este momento.

¿De aquí a la post pandemia?

En algún momento, allá por fines de 2020, se visualizaba que las vacunas serían algo así como el punto de inflexión a partir del cual podríamos pensar en términos de la “post pandemia”. Sueño que, en nuestro caso, duró muy poco. Por una parte, los estragos de la pandemia no se remiten -como ya lo señalé- a la dimensión exclusiva de la salud. El colapso de la economía mundial, el deterioro de las estructuras públicas, sociedades agobiadas y atravesadas por innumerables tensiones políticas, económicas y anímicas, serán secuelas muy difíciles de superar y seguirán teniendo un gran impacto en la población durante muchos años.

Por otra parte, desde lo estrictamente relacionado con la salud, la vergonzosa desigualdad en el acceso a las vacunas hace que para muchos países la salida de la pandemia sea hoy algo lejano e incierto.

Quienes trabajamos en el campo de las adicciones sabemos que debemos prepararnos para la convivencia con el COVID-19 y con todas las situaciones sociales que acabamos de describir. La gran pregunta que se nos plantea es si nuestras organizaciones podrán sobrevivir no ya al COVID-19, sino a la crítica situación económica que deben afrontar.

Un caso puntual para iluminar

Los relevamientos a los que hacíamos referencia más arriba se llevaron a cabo entre mediados y finales del 2020. Hoy los escenarios planteados son otros, de mayor complejidad. ¿Qué tenemos hoy para decir de las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad y del impacto relacionado con las drogas? Voy a tomar algunas situaciones vinculadas al barrio donde trabajo, una de las denominadas “villas de emergencia” del conurbano bonaerense, a manera de ilustración.

El acceso al sistema de salud hoy se encuentra absolutamente restringido por el COVID-19. En particular las áreas de salud mental y adicciones (severamente deterioradas y precarizadas, por otra parte). Lamentablemente esto no es nuevo. El acceso a la salud y a los derechos en general es muy restringido para esta población desde hace décadas, algo que también se observa en todos y cada uno de los países de nuestra América Latina. La pandemia solo puso de manifiesto esta situación y se aseguró, por decirlo de alguna manera, que esto no cambie. Y si cambia, que sea para peor.

En el barrio, la edad de inicio en el consumo de sustancias está situada ente los 12 y los 13 años (aunque hoy estamos trabajamos con casos de niños de edades mucho más bajas). Desde un tiempo antes, estos niños y niñas fracasaron en la escuela (o mejor dicho la escuela fracasó en ellos) y ya tomaron contacto con situaciones vinculadas al delito[9] (INNAMORATO, AQUAVIVA, et al, 2015). Las crisis vinculadas a los consumos de sustancias presentan comorbilidades psiquiátricas en forma creciente y estallan a poco de andar, entre los 14 y los 16 años. Hoy es prácticamente imposible que estos jóvenes y sus familias accedan a algún recurso público para afrontar estas situaciones. Y extremadamente difícil que accedan a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el campo de la niñez y la adolescencia porque la financiación por parte del estado es absolutamente precaria y ha puesto el sistema en crisis. Su destino, en el mejor de los casos, es ingresar a alguna pseudo organización social que ofrece “tratamiento” en forma ilegal.

La pandemia plantea para estos chicos y chicas otra situación compleja en el campo de la educación. Las escuelas han sido, más allá de sus dificultades, lugares que aportan en tanto factores de protección frente al consumo de sustancias. Lo mismo podemos decir de la educación en general. Las medidas restrictivas de la concurrencia a clases -que hoy plantean una fenomenal controversia- operan por un lado en línea con la protección de la salud pero, a su vez profundizan el ya enorme e histórico deterioro de los procesos de aprendizaje producto de la exclusión educativa.

La situación familiar también se encuentra atravesada por el impacto de la pandemia, reforzando la situación de exclusión. En general, los padres y las madres o adultos referentes de estos niños y niñas son trabajadores informales que han visto reducidos casi a cero sus ingresos, lo cual en muchos casos implica fuertes crisis que golpean y deterioran al núcleo familiar. 

Así es que las instancias de protección más importantes (familia, escuela, educación), así como las garantías básicas de derechos como el acceso a la salud han colapsado, con lo cual los niños y niñas quedan expuestos a una situación de total indefensión frente a un sin número de problemáticas, pero especialmente frente a las relacionadas con el consumo de sustancias.

Por su parte, el circuito de comercialización de drogas se mantiene vigoroso, sin haber acusado un impacto significativo y con un horizonte promisorio. La crisis económica mundial no parece alcanzarlo y el deterioro de las capacidades de control del estado no le genera desvelo alguno.

Estado y sociedad

Obvio es decir que sin una intervención activa e inteligente del Estado en cada una de las áreas que hemos mencionado para compensar los daños causados por la pandemia, estos niños y niñas -y los demás colectivos vulnerables- pierden toda instancia de protección frente a la cuestión de las drogas y, junto con esto, sus posibilidades de construir un futuro que puedan elegir. La ausencia del Estado o su presencia inútil son condiciones fundamentales para posibilitar las conductas de riesgo tales como el consumo de sustancias y todas las problemáticas asociadas.

El colapso de la economía mundial, el deterioro de las estructuras públicas, sociedades agobiadas y atravesadas por innumerables tensiones políticas, económicas y anímicas, serán secuelas muy difíciles de superar y seguirán teniendo un gran impacto en la población durante muchos años.

Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el campo de los consumos problemáticos han crecido en complejidad y capacidad de respuesta ante situaciones críticas; han desarrollado exitosas estrategias de flexibilidad y adaptación a escenarios impensados y de altísimo riesgo, y en ese camino han generado conocimiento especializado, un tipo de conocimiento extraordinariamente rico para afrontar los tiempos que corren. Este camino recorrido ha transformado a estas organizaciones en herramientas de alto potencial de respuesta para el futuro. Creemos que una fuerte alianza entre los Estados nacionales y las organizaciones de la sociedad civil es la única garantía para construir políticas sobre drogas que se encuentren a la altura de las circunstancias que nos toca vivir.  

Además de advertir sobre la tempestad, y de escribir cada vez que podemos, muchos de nosotros venimos trabajando y poniendo el cuerpo en silencio. Decididos a ganar esta batalla.


[1] “La pandemia del coronavirus (COVID-19) nos ofrece una encrucijada civilizatoria: o regresamos a la globalización concentradora, autoritaria, con el mismo diseño institucional, o construimos un futuro diferente”Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

[2] Debemos poner en consideración el impacto de los procesos políticos, psíquicos, sociales y culturales que se dispararon con la pandemia y que también impactan e impactarán en nuestros cuerpos.

[3]Condición que ataca de lleno sus condiciones de inclusión e integración social y derrumba su condición de ciudadano/a. Lo cual no es un dato menor a la hora de pensar sobre el impacto de los consumos problemáticos de drogas.

[4]UNICEF, 2020 – “Niños en hogares monetarios pobres y COVID-19” – Nota técnica

[5]RIOD, 2020; FEBRACT, 2020; FONGA, 2020; Canay y Brasesco, 2020.

[6] Población con la que realizaron un trabajo extraordinario los dispositivos territoriales y las Comunidades Terapéuticas.

[7] Salvo algunas experiencias realizadas en España y en algunos países de América Latina desde el enfoque de reducción de riesgo y daños.

[8] FEBRACT, 2020; FONGA, 2020; Canay y Brasesco, 2020.

[9]Este tema da para una reflexión más extensa. Baste decir que en un medio donde la escuela no transforma la vida de quienes concurren y el trabajo formal es una experiencia de la que carecen por lo menos dos generaciones, el mundo del delito aparece como una alternativa de supervivencia.