La situación de las personas con adicciones en el sistema penitenciario, una mirada con perspectiva de género

UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, presentó en febrero de 2023 un estudio para actualizar la información relativa a la situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas procedente de un estudio de 2006, realizando en esta ocasión un acercamiento desde la perspectiva de género que pudiera reflejar las especificidades que presentan las mujeres.

Nos hallamos ante dos situaciones complejas y de distinta naturaleza que en muchas ocasiones interactúan: la drogodependencia y un determinado tipo de delincuencia asociada a la adicción. Normalmente se trata de delitos contra el patrimonio y pequeñas conductas de tráfico de drogas, cometidos para poder costear la adquisición de la droga, un comportamiento que nuestro Tribunal Supremo denomina “delincuencia funcional”. Por ello hemos de conjugar respuestas públicas que atiendan a ambas problemáticas.

La drogodependencia requiere de una respuesta sociosanitaria dirigida a abordar el problema de la persona desde un enfoque biopsicosocial, integral e integrador. Cualquier intervención en este ámbito debe partir de la voluntariedad de la persona afectada.

Durante el encarcelamiento la administración penitenciaria debe, por un lado, garantizar la seguridad de los establecimientos y el cumplimiento de las penas y, por otro lado, intervenir con las personas penadas para incidir en las causas del delito y procurar su “reinserción social”.

Por su parte, la comisión de un delito conlleva una respuesta penal en la que, tras un procedimiento judicial, se impone una condena que, en los supuestos más comunes consiste en la prisión. Durante el encarcelamiento la administración penitenciaria debe, por un lado, garantizar la seguridad de los establecimientos y el cumplimiento de las penas y, por otro lado, intervenir con las personas penadas para incidir en las causas del delito y procurar su “reinserción social”.  La voluntariedad en la vida penitenciaria es ciertamente cuestionable pues todas las personas presas están condicionadas por la obligación de permanecer allí cumpliendo su castigo, y por tanto por el deseo de salir, por la rigidez de las normas y por la complejidad de la subcultura carcelaria.  

Conjugar la respuesta social a los problemas sociosanitarios de las adicciones con el cumplimiento de la pena de prisión no es sencillo pese a que forma parte de la cotidianidad de los centros penitenciarios. Para el diseño de las respuestas penales y penitenciarias más adecuadas, se precisan estudios y análisis periódicos tanto de la delincuencia como del sistema penitenciario.

Con la idea de actualizar la información y propiciar mejoras en el sistema penitenciario y mejoras dirigidas a la construcción de un derecho penal más justo y eficaz, con la investigación “Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género”[1] nos hemos acercado al perfil de la población penitenciaria con adicciones ofreciendo una imagen real y actualizada que tenga en cuenta sus circunstancias personales, su contexto social y familiar, económico, su formación, el estado de salud físico y mental, su capacidad o discapacidad, su situación laboral previa, etc. Para ello, se encuestó una a una a 1086 personas con problemas de adicciones (839 hombres y 247 mujeres) en todo el Estado, incluida Cataluña, con competencias en esta materia.

Hemos de partir de que casi el 80% de las personas privadas de libertad son consumidoras de drogas ilegales. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones en las prisiones españolas, en su último estudio, actualmente en torno al 76% de las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario español son consumidoras de drogas ilegales[2]. Dichos datos coinciden con los de la Administración Penitenciaria, que apuntan que el 76,7% de las personas presas son consumidoras de drogas.

Pues bien, aclarada la elevadísima incidencia del consumo de drogas en la población penitenciaria española, algunos de los principales datos del estudio:

• Entre la población penitenciaria con problemas de adicción a las drogas, cuya edad media es de 39 años para los hombres y 41 para las mujeres, existe una importante desproporción de personas migrantes.
• El contexto familiar y personal es de familias numerosas, con bajo nivel de estudios de todos sus miembros. Los hombres, por lo general, no tienen pareja, y entre quienes cuentan con pareja sentimental, ésta se encuentra en libertad. Sin embargo, las mujeres tienen pareja en su mayoría y ésta también se encuentra en prisión.
• Hay un porcentaje importante de hombres y mujeres (10,8% y 16% respectivamente) que no cuentan con un recurso habitacional para vivir una vez salgan del centro penitenciario, ni propio, ni de familiares, amigos o instituciones, lo que indica una situación de extrema vulnerabilidad y exclusión social, más acentuada en el caso de las mujeres.
• La situación laboral y económica es muy precaria, aún peor en el caso de las mujeres.
• En cuanto a la droga de consumo, los hombres consumen en mayor medida cannabis (48%), alcohol (39,9%) y cocaína (38,4%) que las mujeres, cuyas drogas más consumidas son los hipnóticos-ansiolíticos (un 49% frente al 36,36% de hombres), cannabis (29,5%), cocaína (25,6%) y alcohol (25,6%). El consumo de heroína es muy importante tanto en hombres como en mujeres (15%).
• Por lo general, las mujeres consumidoras de alguna droga lo hacen con mucha mayor frecuencia que los hombres y utilizan más variedad de vías de consumo (esnifada, fumada, ingerida, etc.).
• Los intentos de deshabituación a lo largo de la vida han sido varios, sin embargo, la mayoría no recibe tratamiento en prisión en el momento de la encuesta. De quienes reciben algún tratamiento, el más habitual en las mujeres es la metadona mientras que en los hombres los grupos de terapia. El abordaje en prisión de los problemas de drogodependencias y de adicción al juego es valorado negativamente y apunta a la insuficiencia de recursos que vayan más allá de la medicación.
• Las personas privadas de libertad con adicciones a las drogas han recibido tratamiento fuera de la prisión, una atención que es bien valorada. Específicamente, los tratamientos grupales son valorados positivamente y los tratamientos farmacológicos de forma negativa.
• Los problemas con el juego los sufren fundamentalmente los hombres (20,3% de los hombres y el 4,2% de mujeres), quienes en su inmensa mayoría no han recibido tratamiento para el juego patológico.
• Los problemas psicológicos que provoca el propio encarcelamiento en las personas encuestadas son comunes, sobre todo la ansiedad, el agobio, la depresión, el aislamiento, los ataques de ansiedad y la agresividad. Las mujeres señalan en mayor medida malestares relacionados con la ansiedad contenida, los ataques de ansiedad y la depresión, y los hombres destacan que la prisión les causa problemas de agresividad.
• El 23,5 de los hombres y el 32% de las mujeres tienen una enfermedad mental diagnosticada, siendo la depresión la más sufrida en el caso de las mujeres y la esquizofrenia en el caso de los hombres.
• El 12,3% de hombres y mujeres tiene reconocida alguna discapacidad, y el 5% de ambos sexos tienen certificada una discapacidad intelectual.
• La atención sanitaria está mal valorada. Las personas privadas de libertad, mujeres y hombres de forma similar, no se sienten tratadas con el respeto que merecen. Señalan de forma insistente que, en la atención sanitaria que reciben, se abusa de la receta de medicamentos y, por el contrario, se ofrece una escasa atención personal e individualizada, lo que echan en falta de forma generalizada.
• La violencia psicológica, física y sexual ha formado parte, y siguen haciéndolo, de la vida de las personas privadas de libertad con problemas de drogodependencias, muy especialmente de las mujeres. El 36,6% de hombres y el 74,8% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física; el 45,8% de los hombres y el 80,6% de las mujeres ha sufrido violencia psicológica. Casi la mitad de las mujeres encuestadas, 45,3%, sufrieron abusos o agresiones sexuales en alguno o varios momentos de su vida, frente al 6,6% de los hombres encuestados. 
• Casi la mitad de las mujeres ha presentado denuncia por violencia de género. Sin embargo, el 34,8% no ha obtenido ninguna medida de protección oficial como víctima como, por ejemplo, una orden de alejamiento respecto de su agresor.
• La mayoría tiene más de una condena y principalmente se ha tratado de delitos contra el patrimonio y, en segundo lugar, contra la salud pública (65,47% de los hombres, más del 70% de las mujeres).
• Ni unos ni otras disfrutan, por lo general, de permisos de salida.
• Únicamente el 18,38% de los hombres y el 31,95% de las mujeres cuentan en el momento de la encuesta con el apoyo de alguna asociación o entidad del exterior. Sin embargo, tanto las mujeres (72,5%) como los hombres (74,9%) valoran como buena o muy buena la asistencia recibida por su adicción fuera del centro penitenciario en algún momento de su vida.
• Finalmente, destaca la necesidad manifestada por las personas privadas de libertad encuestadas de ser visibilizadas y escuchadas, la necesidad de recursos sanitarios en prisión, la excesiva medicalización, la falta de apoyo económico y formativo para rehacer la vida en el exterior y la evidente presencia de las drogas en los centros penitenciarios. Además, las mujeres internas señalan discriminación generalizada por el hecho de ser mujeres y reclaman igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos, las actividades y los espacios compartidos e individuales.

Tras repasar estos datos, que no difieren en lo esencial de los de otros estudios, la conclusión principal es que son personas con situaciones de partida complejas que las hacen tremendamente vulnerables. En las prisiones españolas están sobrerrepresentadas la pobreza, las carencias educativas, los contextos sociofamiliares de desventaja, la violencia padecida a lo largo de su vida, especialmente por las mujeres, los problemas de salud mental y las drogodependencias.

Tener claro el perfil de personas con adicciones en prisión nos permite valorar la idoneidad o no de la actuación de los poderes públicos.

Desde nuestro punto de vista, contemplar este perfil de extrema vulnerabilidad de las personas presas con problemas de adicciones, que son las que llenan las cárceles, debe hacernos pensar qué es lo que estamos haciendo como sociedad con los grupos más desfavorecidos y debe conducirnos a repensar nuestro sistema penal y a dar pasos en la mejora del sistema penitenciario:

I.- Es preciso implementar políticas sociales acordes con los mandatos constitucionales de igualdad es la mejor estrategia para prevenir la delincuencia común, que es la que llena las prisiones españolas y la que está relacionada con las drogodependencias, al incidir en las causas o los factores que han influido en su comisión: políticas de vivienda, de educación/cultura, de trabajo, de apoyo a las familias con menos recursos, de protección de la infancia, la adolescencia y las mujeres víctimas de violencia machista, de salud mental, de adicciones…

II.- Hemos de repensar nuestro derecho penal y frenar la tendencia al continuo endurecimiento del castigo de los ilícitos cometidos por las personas que se encuentran en peor situación en la sociedad.

III.- Se debe actualizar el sistema de consecuencias jurídicas del delito de manera que la pena de prisión deje de ser la pena de referencia y se incluyan penas comunitarias como la mayor parte de países de nuestro entorno.  Proponemos dos vías complementarias, por un lado, ampliar el catálogo de penas con la introducción de la Probation (como pena autónoma y como período de prueba) y, por otro lado, incorporar plenamente la Mediación y la Justicia Restaurativa en todas las fases del proceso penal. Ambas vías han demostrado su utilidad resocializadora y pacificadora.

IV.- Consideramos que hay que realizar mejoras imprescindibles en el sistema penitenciario dirigidas a:

 1) Potenciar el régimen abierto y los cumplimientos extrapenitenciarios por encima de los regímenes ordinario y cerrado.

2) Garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en tanto puedan ser derivadas a recursos externos, dotando al sistema penitenciario de los recursos sanitarios y de tratamiento de adicciones suficientes y equivalentes a los existentes en la sociedad libre.

3) Introducir en la vida penitenciaria la cultura del diálogo y de la no violencia.

4) Facilitar la participación de la comunidad en la vida y la actividad penitenciaria.

5) Poner en marcha planes específicos, con perspectiva de género, para ofrecer a las mujeres privadas de libertad una atención adaptada a sus variables psicosociales y de salud, que difieren de las de los hombres, a sus situaciones de mayor vulnerabilidad y a su perfil de menor peligrosidad.

V.- No es posible el avance en el sistema penal y penitenciario sin la correspondiente inversión en recursos, especialmente recursos personales, y sin el compromiso del resto de administraciones, no sólo la de Justicia o la penitenciaria, sobre todo de las comunidades autónomas por ostentar las competencias en materia sanitaria, de tratamiento de adicciones, de intervención social, de vivienda, etc. A medio y largo plazo, se trataría de trasladar los recursos destinados hoy en día a la pena de prisión en régimen cerrado y ordinario, hacia la supervisión del cumplimiento de penas comunitarias y el despliegue de la Justicia restaurativa.

[1] Martínez Perza, Carmen; Quesada Arroyo, Pedro; De Miguel Calvo, Estíbaliz; Dzvonkovska, Natalia; Nieto Rodríguez, Lucía. Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género. UNAD, Madrid (2022)

La versión completa de la investigación se puede encontrar en pdf en https://www.unad.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1676366563_2023_01_16_estudio_prisiones_version_digital.pdf

[2] Brime, Begoña; Llorens, Noelia; Sánchez, Eva. Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Población Interna en Instituciones Penitenciarias 2022 (ESDIP).  Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, Ministerio de Sanidad, Madrid (2022).

Acceso a Informe resumen:  https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2022_ESDIP_Informe.pdf)